Crimen
Noche de la desaparición
Para llegar hasta la discoteca desde Alcácer hay que recorrer una carretera que enlaza los dos municipios, que se encuentran separados entre sí unos dos kilómetros. El último tramo es oscuro y no hay viviendas junto a la carretera. Es habitual encontrar en los alrededores de Coolor a jóvenes de las poblaciones cercanas haciendo autoestop, a pesar de que los fines de semana el dueño del establecimiento fleta un autobús y alguna furgoneta para transportar a estos clientes.La tarde del viernes 13 de noviembre de 1992, Míriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández Folch (Desirée), de la misma edad, y Antonia Gómez Rodríguez (Toñi), de 15 años, salen de sus casas enAlcácer después de decirles a sus padres que iban a la discoteca Coolor, situada en las afueras del vecino municipio de Picasent.
Aquella noche, las tres niñas deciden desplazarse haciendo autoestop, pero desaparecen antes de llegar a su destino.
Búsqueda de las niñas
Los primeros días, varios testigos aseguraron haber visto a las niñas la noche de su desaparición. Un vecino de Alcácer que regresaba deCoolor aseguró haberlas visto caminando en dirección a la discoteca. Una semana después, una anciana declaraba haberlas visto subiéndose a un coche blanco en el que viajaban otras tres personas.El lunes 16 de noviembre, las familias de las niñas esperaban su regreso a casa después de una aventura juvenil de fin de semana. Sin embargo, las niñas se habían ido con lo puesto y casi sin dinero. Este hecho descartaba la idea de una huida voluntaria pero empezaba a alimentar la teoría de un rapto.
Las fuerzas de seguridad centraron sus primeras investigaciones en amigos de las menores, clientes habituales de la discoteca y sus dueños, llegando a la conclusión de que las niñas no habían llegado al local en ningún caso.También se indagó entre los reclusos de la prisión de Picasent puestos en libertad durante aquellos días. Además, se investigó a los delincuentes sexuales de la zona: durante dos semanas, fueron tras la pista de un perturbado que satisfacía sus obsesiones sexuales en un descampado con muñecas grandes que compraba de una tienda.
El Ayuntamiento de Alcácer editó miles de carteles con datos de las pequeñas y los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de las niñas. Cientos de españoles aseguraron haber visto a las menores. Se llegaron a organizar dispositivos policiales en Granada y en Pamplona siguiendo las pistas de la colaboración ciudadana.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, se interesó personalmente por el caso y se entrevistó con los padres de las niñas. Su Ministerio formó un equipo especial conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional para colaborar en la búsqueda. El presidente, Felipe González, recibió en Nochebuena a las tres familias y les transmitió su «profunda preocupación como padre».
La búsqueda se amplió fuera de España y se puso al corriente a los servicios de Interpol. Las familias de las desaparecidas distribuyeron carteles en varios idiomas por algunos países de África (una pista llevaba a Marruecos, donde las niñas podrían haber sido llevadas como esclavas sexuales) y Europa. El día en el que se hallaron los cuerpos sin vida de las tres niñas, el padre de Míriam, Fernando García, se encontraba en Londres con periodistas para difundir allí su búsqueda.1
Hallazgo de los cadáveres
Un equipo de la Guardia Civil se trasladó al lugar de los hechos. El juez de guardia de Alcira, encargado del levantamiento de los cadáveres, tardó varias horas en llegar al lugar, pues estaba levantando un cadáver en otro municipio. En un primer momento, el tamaño del reloj en el brazo del cadáver hizo pensar al equipo que se iba a desenterrar a un hombre. Sin embargo, al excavar se descubrieron otros dos cuerpos, los tres de mujeres, en avanzado estado de descomposición. Los cadáveres se hallaban envueltos en una alfombra grande y nueva, en el interior de una fosa de grandes dimensiones que había sido excavada a propósito. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro, sin tocarse entre sí. Dos de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del deterioro de los cadáveres y sus prendas de vestir (los colores y los tejidos eran muy difíciles de identificar), los expertos ya apuntan a que podría tratarse de las tres niñas de Alcácer. El juez declaró secretas las diligencias. En la mañana del miércoles 27 de enero de 1993, un apicultor de 69 años y su consuegro suben al monte a revisar unas colmenas de su propiedad. El lugar es conocido como La Romana, un paraje montañoso en el término municipal de Llombay, a unos doce kilómetros al norte del pantano de Tous y unos cincuenta al suroeste de la ciudad de Valencia. A las diez de la mañana, en las proximidades de las colmenas, los apicultores descubren un brazo humano medio desenterrado con un reloj de gran tamaño en la muñeca.
Además de los cuerpos, se hallaron diversos objetos en los alrededores de la fosa. Entre los restos de tierra se descubrió un cartucho sin percutir. Cerca se halló un videojuego. Junto a unos matorrales, se encontraron unos trozos de papel. Tras su reconstrucción, resultó ser un volante del Hospital La Fe de Valencia a nombre de un tal Enrique Anglés, que había sido atendido de sífilis unos meses atrás.
Una vez desenterrados, los cadáveres fueron trasladados a Llombay. Sin haber realizado las autopsias, no existía la certeza de que los cuerpos hallados fueran los de las niñas desaparecidas; sin embargo, todos los indicios apuntaban a que se trataba de ellas. Los familiares se reunieron en el Ayuntamiento de Alcácer cuando, a última hora de la tarde, se les comunicó la noticia. A las once de la noche acude allí el presidente de la Generalidad Valenciana, Joan Lerma, para hablar con las familias. Poco antes de la medianoche, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia.
Autores
Primeras detenciones
A partir de la pista del volante hospitalario hallado en la fosa, Enrique Anglés y su amigo Miguel Ricart son detenidos el mismo día 27 de enero, aunque Enrique Anglés, que presenta trastornos mentales, es puesto en libertad esa noche.
Quien fue realmente al hospital es el hermano de Enrique, Antonio Anglés, un delincuente fichado por la policía que había suplantado su identidad.
Confesiones de Miguel Ricart
Miguel Ricart confiesa su participación en el crimen y realiza una primera descripción de lo ocurrido: él y Antonio Anglés recogen a las tres niñas en un Opel Corsa y, en lugar de llevarlas a la discoteca Coolor, las llevan a una caseta en la partida de la Romana. Allí las torturan, violan y mutilan. Luego, obligan a las niñas a caminar, a la luz de unas velas, hasta una fosa, donde las asesinan de un tiro en la cabeza. A continuación, envuelven los cadáveres de las niñas en un trozo de moqueta y las entierran.
Hasta su juicio, Miguel Ricart da versiones diferentes del crimen en una decena de declaraciones, llegando a desmentir su autoinculpación.
Fuga de Antonio Anglés
La policía no consigue dar con el paradero de Antonio Anglés, que había emprendido su huida desde el primer momento. Una de las primeras pistas le sitúa el viernes 29 de enero de 1993 en una peluquería de Valencia. Los dueños del negocio alertaron a la policía después de haber atendido a un cliente que había acudido para que le quitaran el rubio teñido del pelo y que flirteaba con las empleadas; a una de ellas llegó a preguntarle por la hora a la que terminaba de trabajar para pasar a por ella.
Las siguientes pistas le sitúan primero en Minglanilla (Cuenca) y más adelante en Portugal. Un colaborador de la policía antidrogas de ese país aseguraba en marzo de 1993 haber convivido con Antonio Anglés durante dos semanas en la localidad costera de Caparica. Según este colaborador, Anglés le robó el pasaporte con la intención de tomar un barco que le llevase a Brasil (su país de nacimiento). El 15 de marzo de 1993, la tripulación del barco mercante City of Plymouthdescubre a un polizón portugués que, al ser descubierto, se lanza (o lanzan) al mar con un chaleco salvavidas. Este chaleco sería encontrado más adelante en la bocana del puerto sin rastro del polizón.
Desde entonces, el rastro de Antonio Anglés se pierde en el mar, aunque su búsqueda no cesa. El 11 de septiembre de 1995, se encuentra una calavera en una playa del condado de Cork (Irlanda) con el tabique nasal desviado, como el de Antonio Anglés. Sin embargo, la prueba de ADN que se le practicó resultó negativa. Por otro lado, en marzo de 1996, dos guardias civiles se desplazan a Uruguay para buscar al cliente de una prostituta cuya descripción coincidía con la de Antonio Anglés, pero tampoco logran dar con él.
En la actualidad, Antonio Anglés aparece en la web de Interpol como una de las personas más buscadas del mundo.
Autopsias
Primeras autopsias
Pruebas posteriores
La escasez y el deterioro de los restos orgánicos de los implicados requerían análisis lentos y complejos. Debido a la insistencia de varias acusaciones, el sumario fue reabierto en varias ocasiones para incluir nuevas pruebas periciales, que fueron retrasando el inicio del juicio.
Se realizó un análisis de ADN a 15 pelos encontrados en los cadáveres y su ropa. Doce de ellos no pertenecían a Miguel Ricart, mientras que los tres restantes se encontraban dañados y no se pudieron analizar. Este hecho confirmaría la participación de terceras personas en el crimen.
El viernes 9 de mayo de 1997, tres días antes del comienzo del juicio, el forense y perito de la acusación particular, Luis Frontela, remite al tribunal un nuevo informe pericial en el que se documentan posibles manchas de sangre, semen y otros fluidos orgánicos hallados en la alfombra que envolvía los cadáveres de las niñas. Para hallar las manchas, Frontela utilizó una nueva técnica que requería unos aparatos de los que no disponía hasta unos meses antes, y explica la necesidad de realizar nuevos análisis. Sin embargo, el Instituto Nacional de Toxicología no encontró en la alfombra dichas manchas. El informe no consiguió aplazar el juicio.
Teoría de la conspiración
Acusaciones sin pruebasEn septiembre de 1996, Fernando García (el padre de Míriam) cambió de abogados y tuvo acceso al sumario del caso. Las supuestas deficiencias en la recogida y análisis de las pruebas del crimen llevan a García, aconsejado por el periodista y criminólogoJuan Ignacio Blanco, a cuestionar el trabajo de la Guardia Civil, los forenses y los jueces. Juntos desarrollaron una teoría alternativa, según la cual Anglés y Ricart eran unos delincuentes comunes que seguían las órdenes de una banda organizada de asesinos, entre los que podrían encontrarse productores de vídeos snuff o personas poderosas. Desde su punto de vista, Ricart sólo se habría encargado de enterrar los cadáveres de las niñas, a las que se les habría dado muerte en otro lugar no determinado, mientras que Anglés habría sido asesinado y enterrado para evitar que delatase a los verdaderos culpables.
García y Blanco no escatimaron medios en la divulgación de esta teoría alternativa, que a menudo acompañaban de acusaciones directas a personas relevantes. Estas declaraciones, siempre polémicas y sin fundamento, les reportaron numerosas denuncias y condenas.
Las declaraciones más controvertidas, por la ligereza con la que fueron realizadas, se hicieron en enero de 1997 en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi. García y Blanco señalaron a varios políticos y empresarios relevantes de la época de pertenecer a una red de producción de snuff movies implicada en el crimen. Las acusaciones se realizaron en directo, sin tener ninguna prueba al respecto y dando nombres y apellidos. En octubre de 2001, tras la denuncia de algunos de los damnificados, el productor y presentador del programa, Pepe Navarro, reconoció por escrito los daños causados y pagó una indemnización millonaria que le libró del juicio. No sucedió así con García y Blanco que, a pesar de retractarse de sus palabras y pedir perdón, fueron condenados por calumnias.
La polémica continuó en paralelo al juicio contra Ricart, entre mayo y julio de 1997, en el programa diario de la televisión valenciana El juí d'Alcàsser. García acusó a los cuatro guardias civiles que participaron en el levantamiento de los cadáveres de trucar las fotos, mientras que Blanco les acusó de perder pruebas, como la navaja con la que apuñalaron a las niñas. A los cuatro forenses les acusaron de mentir y les tildaron de «ineptos» y de «personajes de tebeo»; y al fiscal del caso, Enrique Beltrán, le acusaron de «no trabajar lo suficiente» y de «chochear». Por estas declaraciones, en junio de 2009, el juez condenó a Fernando García a pagar indemnizaciones por valor de 270.000 euros y una multa de 14.760 euros por un delito continuado de injurias graves con publicidad; Juan Ignacio Blanco fue condenado a dos años de prisión y al pago de indemnizaciones por valor de 260.000 euros; y Radiotelevisión Valenciana fue condenada como responsable civil subsidiaria por las injurias vertidas.
Meses después de la finalización del juicio también se lanzaron acusaciones sin fundamento. En octubre de 1997, Juan Ignacio Blanco afirmó en una entrevista a la Revista de Gandía que el fiscal del caso, Enrique Beltrán, y el entoncesministro del Interior, José Luis Corcuera, habían dado instrucciones para que las autopsias de las niñas no se practicasen correctamente, con el fin de encubrir a los verdaderos asesinos. En abril de 2000, Blanco fue condenado al pago de una multa de 945.000 pesetas por un delito de injurias graves con publicidad y a indemnizar a Enrique Beltrán con un millón de pesetas. El editor de la revista fue absuelto.
Tensiones entre las familias
La madre de Desirée, Rosa Folch, al contrario que el padre de Toñi, nunca apoyó la teoría alternativa ideada por el padre de Míriam. Folch consideraba que esta versión no se correspondía con la realidad y discrepaba del modo en que García y Blanco trataban los detalles del crimen de su hija en los medios de comunicación. Estos hechos crearon fuertes desavenencias entre las familias de las niñas.
Muestra de ello es el comunicado que Folch emitió en julio de 1997, en el que instaba a Fernando García a abstenerse de usar el nombre de su hija Desirée para recaudar donativos, ya fueran éstos para financiar su investigación paralela o para constituir cualquier entidad. A finales de ese mes, coincidiendo con la vista para sentencia del juicio contra Ricart, Fernando García anunció la creación de una fundación con el nombre «Niñas de Alcácer». Esto llevó a Folch a movilizar a sus abogados para denegar la inscripción de la fundación con ese nombre. En abril de 1998, la Secretaría General de Asuntos Sociales le dio la razón: la fundación no podía ser inscrita con el nombre «Niñas de Alcácer» sin el consentimiento de Rosa Folch, pues lo contrario supondría una «vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen». La fundación nunca se llegó a crear.
Folch volvió a recurrir a la justicia en mayo de 1998, cuando se publicó el libro ¿Qué pasó en Alcácer?, de Juan Ignacio Blanco. El libro era una compilación del sumario del juicio, al que Blanco tuvo acceso a través de García, e incluía comentarios que potenciaban las tesis paralelas y reproducía fotos explícitas de los levantamientos de los cadáveres y las autopsias. Rosa Folch demandó a Blanco por considerar que el libro vulneraba el derecho a la intimidad de su hija. En agosto de 1998, los tribunales ordenaron la retirada del libro.
Por todo ello, Folch fue acusada en su entorno de haber cobrado una gran suma de dinero por sostener la versión oficial.
Impacto en la sociedad
Juicio
Intento de aplazamiento
Como consecuencia de los informes periciales conocidos el viernes 9 de mayo de 1997, Fernando García, portavoz de las familias de Toñi y Míriam y padre de ésta última, exige la suspensión del juicio hasta que se analicen las nuevas pruebas aportadas. Fernando García afirma que no hay suficientes evidencias que incriminen a Miguel Ricart y asegura que en el crimen podrían haber participado al menos seis personas más. García, además, renuncia a su abogado porque no quiere formar parte de "una pantomima". Una manifestación en Alcácer, en la que participaron unas 1500 personas, apoya el aplazamiento del juicio el mismo día en el que se conoce el informe.
Por su parte, la familia de Desirée sí está de acuerdo con que el juicio se inicie en la fecha prevista.
Desarrollo
A pesar de las peticiones de aplazamiento, el juicio por el crimen de Alcácer comenzó el lunes 12 de mayo de 1997, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.
El abogado de Miguel Ricart, el único acusado en el juicio, pedía la absolución de su cliente al creer que contra él sólo existían "meros indicios". Sin embargo, el fiscal y las acusaciones populares consideraban que había pruebas suficientes para condenarle por rapto, violación y asesinato.
Sentencia
El viernes 5 de septiembre de 1997, 36 días después de la conclusión del juicio, se dicta la sentencia por el triple crimen de Alcácer. Miguel Ricart es condenado a 170 años de prisión por rapto, violación y asesinato con los agravantes de despoblado y ensañamiento. También se le imponen las costas del juicio y una indemnización de 300 millones de pesetas para las familias de las niñas.
Repercusiones
Nacimiento de la telebasura
Durante los meses en que las niñas se encontraban desaparecidas, prácticamente todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Programas de televisión como Quién sabe dónde (RTVE) de Paco Lobatón sensibilizaron al país durante su búsqueda. Sin embargo, muchos analistas coinciden en señalar que la noche del 27 de enero de 1993 nació latelebasura en España. Esa noche se conoció el hallazgo de los cadáveres y el programa De tú a tú (Antena 3), presentado por Nieves Herrero y Olga Viza, trasladó su plató a Alcácer. El programa contó con la presencia de los familiares de las niñas, cuyo dolor fue retransmitido en directo a medida que se iban conociendo los macabros detalles de la recuperación de los cuerpos. Herrero llegó a mostrar una gran falta de tacto durante la emisión: «abrace a su hija, abrace a su hija», le dijo a la madre de una de las niñas que sostenía una de sus fotografías. Además, el público asistente, que se componía de vecinos del pueblo, aplaudía enfervorecido cuando se conocieron las primeras detenciones esa misma noche. El programa y la propia Nieves Herrero fueron enormemente criticados por estos hechos durante años.
Por otro lado, durante el juicio aRicart (1997), los programas Esta noche cruzamos el Mississippi (Telecinco) de Pepe Navarro y El juí d'Alcàsser (Canal Nou) de Amalia Garrigós también generaron mucha polémica por centrarse en los aspectos más morbosos de los asesinatos, con el fin de conseguir buenos datos de audiencia. En ellos se llegó a discutir sobre si las niñas tenían la regla o si se les habían quemado los pezones, además de mostrar fotografías de sus cadáveres. Fernando García y Juan Ignacio Blanco usaban estos programas como plataforma para difundir su teoría de la conspiración.
El periodismo basura no se limitó a la televisión y alcanzó también a la prensa escrita. En abril de 1997, el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez firmó y publicó una entrevista en el diario Ya, del que era editor, con el presunto coautor del crimen huido de la justicia, Antonio Anglés. Las fotografías de Anglés que aparecían en la entrevista fueron analizadas por la Guardia Civil, que desde el primer momento negó que se tratase del fugitivo. Dos meses más tarde, la revista Interviú desveló que se trataba de una manipulación informativa, una farsa tramada para aumentar las ventas del diario, que atravesaba una fuerte crisis económica. El falso Anglés resultó ser un modelo argentino que aseguraba desconocer la intención con la que le fueron tomadas las fotografías. El director del diario, José María de Juana, dimitió de su cargo.
Liberación de Miguel Ricart
El 29 de noviembre de 2013 fue puesto en libertad Miguel Ricart, el único condenado por el crimen de Alcácer, tras permanecer 20 años en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde estuvo recluido desde que fue detenido en 1993.
